Vivir en la dimensión desconocida

El martes en la mañana estaba escuchando un noticiero matutino y de momento sentí que en Puerto Rico vivimos en la dimensión desconocida. Para unas cosas estamos en el plano terrenal común y para otras parecemos desdoblarnos en realidades alternas que inspirarían a cualquier surrealista trasnochado en busca de una buena historia.

¿En qué mundo coherente se le ocurriría a un jefe de agencia en nuestra Isla hacer acuerdos con la jurisdicción federal amparado en la premisa de que ellos sí pueden violar derechos protegidos por nuestra constitución? ¿No es esa una manera solapada de violar ellos mismos esos derechos?

Los visuales de la reunión celebrada el lunes nos presentaron a un Secretario de Justicia y un Superintendente de la Policía estatal compartiendo la mesa con la jefa de los fiscales federales y el, ya nefasto para este país, director del FBI. Anunciaron un “strike force” que es en realidad una segunda y no muy feliz fase de la malograda mano dura contra el crimen y un permiso para que se violen derechos constitucionales tan importantes como el de la fijación de fianza y la no intercepción telefónica. No podemos invalidar nuestra constitución bajo la premisa de que ésta sólo protege a los criminales y deja a merced de la violencia al resto de la ciudadanía. Nuestra constitución no se creó para los criminales. Se creó para proteger a los ciudadanos comunes que pueden convertirse en víctimas de un sistema de justicia claramente imperfecto y el cual ha sido en el pasado promotor de carpeteos, fabricación de casos, persecuciones políticas y viles asesinatos.

¿Que quién se afecta con ese “strike force” son sólo los criminales? ¡No! ¿Y quién define quiénes son los criminales de este país? Independentistas, homosexuales, gente pobre o negra, obreros, todos han sido considerados criminales en diversos momentos de nuestra historia y su único escudo ante el discrimen y la persecución han sido las garantías de protección a sus derechos civiles que les brinda nuestra Constitución.

La sociedad civil ha sido responsable al brindar alternativas concretas para prevenir y eliminar la violencia en nuestras comunidades. Ahora le toca a nuestro gobierno actuar y no meramente castigar.