Democratizar la economía

Voces/ El Nuevo Día
mayo 2008

Tengo sentimientos encontrados con la nueva Ley de Incentivos Económicos para el Desarrollo de Puerto Rico. Quizás se deba a que el proceso que se siguió para crearla fue hermético y atropellado y por lo tanto, excluyente. Quizás es que me afecta constatar que en nuestro país se persiste en ignorar la desigualdad y la pobreza mientras se insiste en la idea de que una inserción en los mercados globales es la única salvación para nuestro país. De tanto mirar hacia fuera, se nos olvida mirar a quienes sobreviven día a día junto a nosotras.

Aunque muchas personas de buena fe colaboraron en el proceso de redacción de la Ley, la buena fe de por sí, no da una visión inclusiva ni implica un compromiso con los tantos sectores tradicionalmente excluidos del poder en el país. Incluso, algunas de nuestras organizaciones lograron un espacio para deponer ante el Comité Técnico que trabajó en el proyecto de ley. Pero cuando se pretende trabajar para algo tan amplio y relevante como es el desarrollo de Puerto Rico, una ponencia no es suficiente. En realidad, debieron crearse espacios para el diálogo respetuoso e inteligente entre todos los sectores que se sintieran llamados e implicados en el asunto.

Al carecer de una visión amplia e inclusiva, el nuevo proyecto de ley se convierte en uno más de los cabildeados y promovidos por sectores que tradicionalmente han tenido acceso a la legislatura. Nuevamente se menosprecian las necesidades de las mayorías pobres y su capacidad de participar inteligentemente en la toma de decisiones. ¿Cuál es el precedente creado con la nueva Ley de Incentivos? Uno del cual yo no me sentiría tan orgullosa pues nuestra rama legislativa delegó su deber constitucional en una parte del sector privado e ignoró al resto. Porque resulta que las comunidades y las organizaciones de desarrollo económico y humano son también parte del sector privado… y no estamos ciegas, sordas o mudas ante lo que se hace en el país. La democracia depende de la participación y no de que se acaten en silencio las decisiones que no responden a la justicia.